Un participante en una licitación puede encontrarse en una situación en la que el comité de licitación le haya denegado ilegalmente la adjudicación. El resultado puede ser una pérdida económica considerable y, en ocasiones, también un perjuicio para su reputación. ¿Puede dicho participante exigir una indemnización por esta denegación ilegal de la adjudicación?
Los tribunales han reconocido el derecho de un participante, al que se le ha denegado ilegalmente la adjudicación de un concurso, a ser indemnizado por los daños sufridos debido a la pérdida de la transacción. Para probar tal reclamación es necesario demostrar que la oferta era legítima y que el participante cumplía los requisitos para ser seleccionado como ganador de la licitación. Además, es importante probar la causalidad entre los defectos del proceso de licitación, la denegación de la adjudicación y los daños sufridos. Si se demuestran tanto la causalidad como la denegación ilegal, el Tribunal considerará al participante ganador del concurso y éste tendrá derecho a una indemnización por todos los beneficios que habría obtenido si no se le hubiera denegado ilegalmente el contrato.
A menudo es difícil probar con precisión y certeza el alcance del daño y la indemnización adecuada, pero basta con presentar datos que puedan aportarse razonablemente. Por ejemplo: el alcance de los trabajos previstos, los ingresos esperados del proyecto o informes financieros sobre los márgenes de beneficio previstos. En tal caso, el Tribunal puede ejercer su discreción y completar los datos que falten con una estimación del Tribunal para determinar los daños invocados.
En algunos casos, el Tribunal denegará la indemnización a un participante si éste no impugnó debida y oportunamente la decisión de licitación. Los Tribunales han decidido en más de una ocasión que una reclamación de indemnización debe seguir a una reclamación administrativa mediante la cual el participante intenta hacer valer su derecho a ganar la licitación. La razón principal es reducir al mínimo los casos en que la autoridad pública pueda verse obligada a pagar dos veces por el mismo contrato. Por lo tanto, es esencial atacar el proceso de licitación antes de presentar una reclamación de indemnización.
Una reclamación de indemnización relacionada con la licitación tiene las características de los procedimientos administrativos y civiles. Así pues, deben tenerse en cuenta, además de las consideraciones comunes a cualquier reclamación civil, también consideraciones de derecho administrativo, como la exigencia de buena fe del reclamante y la falta de caducidad. Por ello, es aconsejable consultar con un abogado especializado en licitaciones tan pronto como se tenga conocimiento de la existencia de motivos para tener derecho a una indemnización como consecuencia de vicios en un proceso de licitación, así como atacar debida y oportunamente los procedimientos de licitación antes de presentar una reclamación monetaria.