- La gran audacia de los acusados pone de manifiesto la gravedad de sus acciones. Los acusados, así como los demás conspiradores, no tuvieron miedo de utilizar las redes sociales y los medios digitales para llegar a un gran número de estudiantes, al tiempo que convertían Internet en una plataforma accesible y conveniente para actividades delictivas. Así, por ejemplo, y como se detalla en la sección 12 de los hechos de la acusación enmendada, los acusados no tuvieron miedo de distribuir un vídeo de TikTok en el que ofrecían servicios fraudulentos.
En el contexto del vídeo mencionado, es imposible no prestar atención a los rasgos preocupantes que contiene (que recuerdan a vídeos nacionalistas), cuando el personaje que aparece en el vídeo está enmascarado, con música dramática en árabe de fondo, y el hablante se identifica como el portavoz militar del Instituto General.
- La industria fraudulenta empleada por los demandados, con énfasis en el alcance de la actividad, intensificó el perjuicio al público en su conjunto: estudiantes, profesores, instituciones de educación superior, el Ministerio de Educación y las arcas públicas.
Además, los llamamientos de los acusados en las redes sociales y en la diáspora en general, a veces a cientos de miles de personas (véanse los párrafos 10 y 11), agravaron el daño al orden público, la confianza pública y la imagen de las instituciones policiales.
- Estamos lidiando con actividades delictivas que continuaron durante varios años y durante los años 2019-2023. Los acusados podrían haber detenido su actividad delictiva durante esos años, pero decidieron no hacerlo, y de una manera que también indica el grado de su culpabilidad.
Los delitos cometidos por los acusados, junto con los demás conspiradores, aunque mantienen una especie de "asociación" y la mantienen durante varios años, tienen una gravedad especial.
- Debe considerarse la enorme magnitud de la actividad delictiva descrita en la acusación enmendada, mientras que los acusados ofrecieron a cada solicitante un "producto" que valía cada bolsillo y que valoraba entre 50 y 300 ILS por examen.
En el contexto del enorme y extraordinario alcance de la actividad criminal descrita en la acusación, debe recordarse que en nuestro caso, los acusados, junto con los demás conspiradores, recibieron un pago fraudulento a cambio de resolver exámenes en al menos 951 casos y en unos 20 exámenes de matriculación. Además, realizaron 951 transacciones con propiedades prohibidas y recurrieron a la astucia y el engaño con la intención de evadir impuestos sobre ingresos por un importe de 600.000 ILS.