Los resúmenes del demandado tampoco intentan explicar la violación de la privacidad del demandante ni basarse en la defensa de buena fe conforme al artículo 18(2) de la Ley de Protección de la Privacidad.
En ausencia incluso de intentar presentar una reclamación de la defensa, no tiene sentido siquiera abordar la posibilidad de que exista una que esté disponible para el demandado una vez que se determine que ha cometido difamación y violado la privacidad del demandante.
- Remedios
- Aunque la suma de la reclamación se fijó en 2.320.000 ILS y aunque el demandante solicita en sus resúmenes decidir el importe total de la reclamación, al examinar los resúmenes del demandante se muestran reclamaciones por una cantidad inferior a la de la reclamación.
El demandante reclama una indemnización causada, una desventaja económica, por la suma de ILS 1.020.000, que incluye una pérdida de ILS 770.000 y gastos por la eliminación de publicaciones difamatorias por la suma de ILS 250.000 (párrafos 37-39 de los resúmenes del demandante).
Posteriormente, el demandante solicita una indemnización sin prueba de daños sin especificar la cantidad (párrafo 49 de los resúmenes del demandante).
- Las reclamaciones del demandante por daños directos causados en relación con las publicaciones se basan en dos cabezas: una pérdida por la suma de 770.000 ILS y gastos por la suma de 250.000 NIS.
La reclamación del demandante por una pérdida por la suma de 770.000 ILS se basa en un acuerdo que el demandante debía celebrar en el negocio inmobiliario y que no se firmó. Según el demandante, la empresa con la que debía firmar un acuerdo para ejecutar la transacción decidió cancelar el compromiso debido a las publicaciones sobre el demandante, y por tanto sufrió una pérdida de sumas estimadas en 770.000 ILS (párrafo 44 de la declaración jurada del demandante).
Un examen de las pruebas presentadas por el demandante (incluida la correspondencia - Apéndice 15 de la declaración jurada del demandante) muestra que esta afirmación seguía siendo lacónica y vaga. No se presentaron detalles sobre la transacción realizada, ni opinión ni otro documento que explicara cómo se suponía que esa transacción debía generar beneficios al demandante en cualquier cantidad, y no se presentó información que vinculara las publicaciones objeto de la demanda con la inexistencia de la transacción. El demandante desea basar esta afirmación en el testimonio de Nikolai Konov (un abogado búlgaro), pero basta con examinar su declaración jurada para ver que no contiene más que especulaciones y rumores. El mismo testigo afirma que el acuerdo fue cancelado en 2022, pero la conexión con las publicaciones del demandado se basa en rumores y nada más. La cantidad que el demandante citó como pérdida causada a él sigue sin fundamento alguno y se rechaza la reclamación de este daño .