En 1513 se escribió "El Príncipe", el famoso libro sobre gobernanza escrito por Nicolás Maquiavelo (publicado póstumamente en 1532). Aproximadamente 500 años después, la política, al parecer, no ha cambiado mucho, pero a medida que más y más personas pierden interés en los asuntos de Estado, más y más personas se interesan por la gobernanza empresarial.
En la mayoría de las empresas existe una tensión constante, a la que se dio el nombre jurídico de "El problema representativo", que tiene su origen en las relaciones de poder entre los accionistas mayoritarios y los minoritarios y se deriva de la capacidad inherente del accionista mayoritario para dirigir las actividades de la empresa y el temor a que se utilice para perjudicar a la empresa o los derechos de los minoritarios. El bien de la empresa y el bien de sus accionistas no son necesariamente lo mismo y el hecho de que una determinada acción sirva al bien de los accionistas no significa necesariamente que sea una acción que promueva el bien de la empresa. Además, la disminución a lo largo de los años de la concentración del control sobre las empresas y el fortalecimiento de los modelos descentralizados, que se manifiestan, en las empresas públicas, en el aumento de las participaciones públicas, conducen a una situación en la que muchas empresas funcionan sin un núcleo fuerte de control por parte de los accionistas. Así, en la estructura de la sociedad moderna, y especialmente en las empresas con un gran número de accionistas (incluidas las empresas públicas), el problema representativo se concentra a menudo en la relación entre los accionistas y la dirección, y una de las principales cuestiones relacionadas con ello son las lagunas de información entre ambos.
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la sociedad y evitar estos abusos, se han creado normas de gobierno corporativo - tanto en la ley, como en la jurisprudencia y en la práctica - que son el conjunto de normas, principios y reglas, vinculantes o voluntarias, que se aplican a una sociedad y definen cómo debe ser debidamente administrada, donde el incumplimiento puede incluso crear responsabilidad personal para los ejecutivos, funcionarios e incluso accionistas que no las siguieron. Así, en una decisión dictada a finales de octubre de 2021, que se ocupa de las ondas de la gran disputa de accionistas en Emblaze, el Tribunal Supremo sostuvo que incluso los materiales de investigación penal sobre los retiros de fondos en una demanda monetaria contra el gestor que controlaba la empresa pueden ser revelados.
Un caso visto en septiembre de 2021 en el Tribunal de Distrito de Jerusalén se refería a accionistas minoritarios que sostenían que la conducta del accionista mayoritario y del director general constituía una opresión de los derechos de la minoría. El Tribunal sostuvo que la dirección no gestionó debidamente la empresa cuando actuó sin mantener la participación de los accionistas y sin celebrar debidamente las reuniones del consejo y de los accionistas, o cuando envió a una persona que no era un alto ejecutivo de la empresa a negociar con grandes entidades internacionales sin el debido acompañamiento de un asesor jurídico. En una empresa pública el caso podría haber acabado en reclamaciones personales del público contra el directivo.
Por ello, especialmente cuando la empresa es pública, pero no sólo, es vital actuar con transparencia con los accionistas y mantener debidamente el gobierno corporativo para garantizar no sólo una conducta adecuada, sino también la protección de los directivos y de los accionistas de control frente a futuras reclamaciones. Aunque no es aconsejable dejar que el equipo jurídico dirija la empresa en lugar de los directivos, la asistencia jurídica continua de abogados expertos en la materia y con formación empresarial que les permita ayudar a la empresa a mantener el buen orden y el gobierno corporativo es extremadamente importante para evitar la posibilidad de reclamaciones personales contra los directivos.