"Un registro, ya sea conforme a una orden judicial o no, se llevará a cabo ante dos testigos que no sean policías, a menos que -
(1) No se otorgó en las circunstancias del asunto ni debido a su urgencia respecto a su valor como se indicó antes; Las circunstancias del asunto y las razones de su urgencia se detallarán en las actas que se prepararán;
(2) El juez permitió que se realizara sin testigos;
(3) El ocupante de la casa o del lugar donde se realizó el registro, o uno de sus familiares presentes allí, solicitó que se realizara sin testigos; La solicitud se detallará en el acta que se preparará".
El principal objetivo de la presencia de dos testigos que no son policías durante un registro en una vivienda o local es proteger los derechos del individuo, y en particular su privacidad y propiedad, garantizar la integridad del proceso de registro e investigación evitando denuncias de implantación de pruebas, y actuar como un órgano objetivo que supervisa las operaciones policiales y garantiza la fiabilidad del registro.
En las circunstancias actuales, me parece que había justificación para realizar el registro con urgencia, tanto por la gravedad del delito del que se sospechaba que el acusado era sospechoso como por el temor a que el almacén fuera utilizado por otros, dado que el almacén era utilizado por otros inquilinos del edificio residencial. Sin embargo, no estoy convencido de que se hayan hecho esfuerzos para localizar a dos testigos como exige la ley, de modo que, por ejemplo, fuera posible citar a la madre y a la hermana del acusado que estaban en su casa; En cualquier caso, al tribunal no se le presentó un protocolo detallando las razones y circunstancias para llevar a cabo el registro sin testigos distintos a los agentes de policía. Por lo tanto, es necesario concluir que esta es una búsqueda que tiene un defecto en su legalidad.
Sin embargo, después de haber considerado todas las consideraciones conforme a la Regla Issacharov y la Sección 56A Según la Ordenanza de Pruebas (Nueva Versión), estoy convencido de que los hallazgos del registro no deben ser descalificados a pesar de la ilegalidad en la forma en que se llevó a cabo. Como se ha señalado, la doctrina de la invalidación judicial permite al tribunal invalidar pruebas obtenidas ilegalmente. Esta autoridad es relativa y su propósito es evitar una violación material del derecho constitucional de un acusado a un juicio justo aceptando pruebas obtenidas de manera improcedente (Issacharov, pp. 561-562). La aplicación de esta doctrina requiere encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger los derechos del acusado y el interés público en descubrir la verdad, proteger la seguridad pública y los derechos de las víctimas de delitos. Como se determina, deben tenerse en cuenta tres conjuntos de consideraciones al calcular el balance (Issacharov, pp. 562-566).