Con este fin, la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (en adelante: la Convención para la Prevención del Soborno) obligaba a todos los firmantes de la Convención a establecer la responsabilidad por delitos de soborno fuera de las fronteras del país. El informe muestra que la mayoría de los países que firmaron la Convención contra el Soborno han asumido la responsabilidad penal para las empresas.
Parece que la conclusión es que el principal propósito de imponer responsabilidad a las corporaciones, a la luz de su implicación en la vida económica y comunitaria, es evitar la comisión de delitos.
Otra razón para imponer responsabilidad penal a las corporaciones está relacionada con la capacidad de las comunidades dentro de la corporación para impedir la comisión de
Las infracciones cometidas por la corporación Kremnitzer y Ghanaim, responsabilidad de la corporación, lo dejan claro (ibid., p. 773):
"La justificación para imponer responsabilidad corporativa es la suposición de que ampliar el círculo de responsables aumentará la disuasión a un coste menor que aumentar la sanción sobre operaciones directas. Imponer responsabilidad a la corporación ayuda a lograr dos objetivos: primero, prevenir la comisión de delitos por entidades que actúan en nombre de la corporación; Segundo, interiorizar los costes sociales de la actividad de la corporación.
Prevención de delitos. La responsabilidad corporativa es esencial para la prevención de delitos cuando se cumplen las siguientes dos suposiciones: Primero, imponer responsabilidad personal únicamente al autor directo no conducirá a una disuasión suficiente; En segundo lugar, la corporación tiene la capacidad de tomar medidas para evitar la comisión de delitos por parte de sus empleados.
Un régimen basado únicamente en la responsabilidad personal es propenso a no lograr la disuasión por varias razones, la principal de las cuales es la dificultad para lograr la condena del autor directo del delito..."