Al parecer, el CPA Alfia estuvo en contacto con Fisher durante todo el procedimiento y, entre otras cosas, se aseguró de proporcionarle actualizaciones regulares y de recibir la parte del demandado en la financiación de los honorarios de los peritos (véase, por ejemplo, N/1, N/2, p. 14, líneas 25-29, p. 15, líneas 1-5, p. 17, líneas 21, 27-32, p. 18, líneas 14-18, 21-22, 24-28; véase el testimonio del abogado Eidelman, p. 100, líneas 28-32). El abogado Eidelman, que fue la persona legal que llevó el caso para el grupo de Kotler, testificó que no hubo comunicación con Kotler "más que en la última década." Existía una conexión significativa con el CPA Alfia, y "él fue quien coordinó y se acercó a las firmas para que participaran en la financiación de los gastos" de los expertos (testimonio del abogado Shemesh, p. 36, líneas 3-15, p. 37, líneas 15-16; testimonio del abogado Eidelman, p. 68, líneas 4-13, p. 84, líneas 28-29, p. 94, líneas 24-32, p. 95, líneas 1-4).
Según el acuerdo de honorarios, el demandado se comprometió a pagar al bufete Meyuhas 630 dólares así como el 6,3% del ahorro. Los honorarios del demandante representan el 7,5% del ahorro. Las comisiones del abogado Shraga Biran representaban el 6,8% del ahorro y las de Alfia CPA representaban el 1,8% del ahorro. (p. 13, líneas 29-32). Según la CPA Alfia, la mayoría de los miembros del grupo le pagaban su salario, salvo algunos herederos (p. 19, líneas 18-24, p. 20, líneas 13-20).
Surge la cuestión de si el demandante tiene derecho a imponer al demandado el cumplimiento de sus obligaciones bajo el acuerdo y a pagarle sus honorarios. En mi opinión, esta pregunta debería responderse negativamente.
Primero, porque las partes abandonaron el acuerdo -como hemos visto, la demandante no probó que contactó con la demandada durante ese periodo-, durante muchos años se abstuvo de cumplir con sus obligaciones, no mostró interés en el desarrollo del procedimiento y no actuó para prestar los servicios que había realizado en el acuerdo.