Jueza Dafna Barak-Erez:
Estoy de acuerdo con el fallo de mi colega, el vicepresidente N. Sohlberg, tanto en lo que respecta a los defectos que se produjeron en el proceso legislativo como en lo relativo al incumplimiento de la ley ante nosotros para cumplir con las condiciones de la cláusula de prescripción. Por tanto, como mis colegas, bastaré con breves comentarios.
En cuanto al razonamiento de mi colega el Vicepresidente, añadiré que, en mi opinión, tiendo a la idea de que el examen del propósito de la ley no debe limitarse a su lenguaje explícito. Aclararé además que, en mi opinión, "la suspensión de la detención de estudiantes de yeshivá cuya Torá sea su arte" no es un propósito concreto de la ley, sino más bien el medio elegido por la legislatura para lograr el propósito general mencionado en ella, es decir, el reconocimiento de la importancia del estudio de la Torá. Dado que este es el propósito en el que debemos centrarnos, la conclusión de que esta es una medida que, en las circunstancias del caso, es inapropiada y desproporcionada se vuelve aún más contundente. También me gustaría sumarme a los comentarios de mi colega juez Y. Willner, que ahora se me han presentado en relación con la aplicación de las pruebas de proporcionalidad.
En un nivel más general, añadiré que, desde mi punto de vista, la ley en revisión es, ante todo, una ley perjudicial e inválida, porque socava una base institucionalizada del Estado de derecho: la igualdad en la aplicación del derecho penal. Esto no es discriminación que sea resultado del azar o de la falta de medios, sino más bien discriminación institucionalizada por parte de la aplicación, cuyo lugar no será reconocido en el código de ley. Esa discriminación flagrante erosiona el sentido de justicia y socava la legitimidad de la aplicación de la ley en otros contextos también. Aunque pueda haber opiniones diferentes sobre la cuestión de establecer excepciones delimitatorias a la obligación de reclutar, no puede haber disputa sobre el deber fundamental del Estado de garantizar la igualdad ante la ley.