Además, la Corte Suprema de los Estados Unidos señaló que cuando la declaración del empleado incluye "acusaciones falsas o declaraciones en las que se utiliza información criminal, cuando la declaración pone obstáculos en el camino de la gestión adecuada, o impide el desempeño de los deberes del cargo" (ibíd., en la página 243, junto a la nota al pie A), esta declaración puede prevenirse o matizarse.
En HCJ 399/85 (Kahane v. Board of Directors of the Broadcasting Authority), PD vol. 1, tercera parte, pág. 255, el Honorable Juez G. Bach dijo (ibíd., pág. 310, junto a la nota A a pie de página):
"Con toda la importancia de un principio, hay quienes lo anulan (la libertad de expresión), y luego se restringe la libertad de expresión, generalmente de acuerdo con los mandatos de la legislatura.
Esta es la situación, entre otras cosas, con respecto a la difusión de palabras obscenas, en relación con la difusión de la difamación,
Con respecto a la divulgación de secretos que puedan poner en peligro la seguridad del Estado, y en relación con las publicaciones que puedan afectar el resultado de los juicios pendientes".
(énfasis añadido).
De estas sentencias, así como de las numerosas referencias citadas en ellas, se puede aprender que la libertad de expresión, a pesar de ser un principio general en una sociedad democrática, no es ilimitada.
No puede servir de refugio a alguien que quiere calumniar a otra persona y atribuirle delitos penales, cuando no hay pruebas prima facie que justifiquen esta sospecha.
Además, los demandantes, cuando se unieron a la asociación demandada, acordaron que los términos de los estatutos de la asociación los vincularían y actuarían de acuerdo con ellos.
Cualquier queja que tuvieran los solicitantes sobre el funcionamiento de las instituciones de la asociación debería haberse expresado a través de los canales internos de la asociación, de acuerdo con los estatutos, y si no eran respondidas allí, había espacio para contactar al Registro de Asociaciones.