De acuerdo con la sentencia en el caso Nir Am Cohen, a lo largo de los años, se han desestimado de plano muchas peticiones en las que se plantearon argumentos dirigidos a la decisión de presentar una acusación y la discreción subyacente. Entre otras cosas, los peticionarios fueron remitidos al tribunal penal tanto para argumentos sobre la razonabilidad de la decisión de presentar una acusación, como argumentos sobre la existencia de una medida más proporcionada, en lugar de presentar una acusación (véase, entre muchos: HCJ 5067/16 Barghouti v. Fiscal Militar, [publicado en Nevo], párrafo 7 (15 de septiembre de 2016); Caso Kanias, apartado 7; HCJ 2766/13 Gurion v. Estado de Israel, [publicado en Nevo], párrafo 4 (23 de abril de 2013); HCJ 7731/12 J.En Vered HaCarmel Ltd. v. Estado de Israel, [publicado en Nevo], párr. 4 (14 de enero de 2013); HCJ 5495/12 Maadi v. Attorney General, [publicado en Nevo], párrafo 3 (17 de julio de 2012); HCJ 2839/10 David v. Military Attorney General, [publicado en Nevo], párr. 9 (29 de abril de 2010); HCJ 7177/06 Amicop Ltd. c. el Estado de Israel, [publicado en Nevo], párrafo 2 (20 de septiembre de 2006); HCJ 2419/06 Schwartz v. Attorney General, [publicado en Nevo], párr. 5 (25 de junio de 2006)). En muchos casos, fue el Estado el que alegó en sus respuestas a las peticiones que las reclamaciones planteadas por los peticionarios debían ser aclaradas en el tribunal penal.
A esto, cabe agregar que incluso en los procesos penales, esta Corte reiteró el precedente establecido en el caso Nir Am Cohen, y discutió - actuando como Tribunal de Apelaciones Penales- los argumentos que se remiten a la discrecionalidad de la fiscalía. Así, por ejemplo, en Crim. Crim. 3215/07 Anonymous v. Estado de Israel [publicado en Nevo] (4 de agosto de 2008), se señaló explícitamente que "la decisión de la Oficina del Fiscal del Estado, como autoridad administrativa, de enjuiciar a una persona no puede hacerse arbitrariamente, y debe cumplir con las pruebas aceptadas para cualquier decisión administrativa, como pruebas de un propósito válido, consideraciones sustantivas,razonabilidad y más" (ibíd., párr. 36; El caso Zakin, en la pág. 305; Ganor, en la pág. 508). Señalaré que en la mayoría de estos casos, la reclamación que se pretendía a discreción de las autoridades fiscales se refería a una aplicación desigual.